Al día de hoy hay muchas personas y grupos, sociales y políticos que ven este movimiento como una rebelión social hacia la falta de vivienda pública.
En muchos casos apoyan la okupación, pero las circunstancias en la actualidad no son las mismas que hace algunos años, los okupas ya no solo son personas en situación precaria.
Muchas personas han adoptado la okupación como un modo de vida, donde no tienen que pagar arriendo o servicios.
Algunos incluso realizan actividades cuestionables e insalubres, provocando disturbios sin consecuencias más que para el propietario.
Contenido:
¿Cuándo comenzó la okupación en España?
¿Cuándo comenzó la okupación en España?
El acto de invadir una propiedad y tomarla como propia no es una situación reciente.
El fenómeno de la okupación en España tiene una larga historia que se remonta al menos a principios del siglo XX.
Con la okupación de fábricas y viviendas por parte de trabajadores y familias pobres en situaciones desesperadas.
Sin embargo, el término «okupa» como tal se popularizó en los años 80 y 90, cuando varios movimientos sociales y políticos comenzaron a ocupar edificios abandonados o en desuso para crear centros sociales y culturales autogestionados.
El movimiento okupa en España alcanzó su apogeo como tal en la crisis económica de 2008, cuando muchas familias no podían seguir pagando sus hipotecas y se veían obligadas a invadir u okupar otros sitios disponibles o incluso su misma casa para tener un sitio donde vivir.
Algunas plataformas sociales, lideradas por personas que luego se dedicaron a la política, ejercieron una presión que llevó a la Policía a recibir órdenes de no intervenir en ciertos casos de okupación.
Al menos hasta que el juzgado dictamine una sentencia, lo que generó nuevos movimientos políticos y reivindicativos en apoyo al derecho a la okupación.
Luego, en 2015, la reforma del Código Penal calificó la usurpación como un delito leve, lo que resultó en condenas mínimas de multa.
Solo en caso de que se presentará violencia en el delito de okupación cabría la posibilidad de pena de cárcel para el okupante.
Pandemia
Desde la propagación del covid-19 las okupaciones a propiedades privadas han ido en aumento, con un repunte significativo desde el comienzó de la pandemia.
Se prohibieron los desahucios de okupas a personas vulnerables que no poseían solución habitacional por el Real Decreto Ley 37/2020.
Se redactaron incluso manuales de okupas que explican cómo realizar una okupación sin “romper la ley”.
Lo que dio paso a todo tipo de situaciones más agravadas hoy en día, no solo hay que lidiar con los okupas y el gasto de mantenimiento de la vivienda que aún tiene que solventar el propietario.
También hay que tener en cuenta el nuevo negocio detrás de muchas de estas okupaciones dónde existen personas que se aprovechan de la soltura de algunas leyes y alquilan propiedades que no son de su pertinencia.
Existen grupos del crimen organizado que ofrecen viviendas ilegales a inquilinos mayoritariamente extranjeros, vulnerables y sin documentación.
Los okupas utilizan diversas estrategias para tomar posesión de una propiedad privada de manera ilegal, incluso llegando al extremo de utilizar un simple ticket de compra como prueba de la propiedad.
En algunos casos, solicitan comida a domicilio y usan la dirección durante la entrega como el portal de acceso a la propiedad.
Si las autoridades llegan, utilizan este documento para justificar su ocupación.
También han utilizado su propia denuncia como evidencia de la fecha de ocupación para protegerse legalmente bajo el artículo 18.2 de la Constitución.
El artículo refiere a que: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”
Este artículo ampara a cualquier ciudadano incluso a aquel que comete el delito de okupar una propiedad.
¿Quién defiende a los okupas?
En España, existe un debate sobre la figura de los «okupas», personas que invaden viviendas o propiedades y que pueden residir allí por un tiempo indeterminado sin poder desalojarlos.
Este tema es complejo y polémico y existen diferentes posturas al respecto.
Por un lado, hay organizaciones sociales y políticas que defienden el derecho a la vivienda digna.
Estas personas consideran que la okupación de viviendas vacías y abandonadas es una forma legítima de denunciar la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas para garantizar el acceso a una vivienda asequible.
Estas organizaciones denuncian que muchas viviendas permanecen vacías mientras hay personas sin hogar en las calles, por lo que la okupación sería una solución para este problema.
Por otro lado, quienes se oponen a la okupación argumentan que esta práctica es ilegal y vulnera los derechos de los propietarios.
Señalan que existen procedimientos legales que permiten reclamar el derecho a la propiedad y que la okupación supone una invasión de la propiedad privada.
Además, sostienen que la okupación puede generar situaciones de inseguridad y conflictividad en las comunidades vecinales.
En cuanto a la defensa de los okupas, existen algunos despachos de abogados y organizaciones que ofrecen asesoramiento y respaldo legal a las personas acusadas de okupación.
La defensa está principalmente a cargo de diversos movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierda.
Estos grupos argumentan que la falta de viviendas asequibles y accesibles para todos, especialmente para los más vulnerables, es un problema estructural en el país y ven la okupación como una forma legítima de hacer frente a este problema
Creen que la Justicia debe tener en cuenta esta realidad antes de tomar medidas represivas contra los okupas.
En las últimas décadas
Ha habido un aumento significativo en el número de hogares ocupados, lo que ha llevado a un fuerte debate sobre la legalidad de dicha acción y las formas de abordar el problema de la vivienda en España.
Si bien es cierto que el movimiento okupa comenzó como una necesidad para muchas personas, esto no justifica la permisividad de algunas leyes con el delito de invasión y usurpación a la propiedad privada.
La okupación ilegal no es una solución a la falta de vivienda pública, toda persona tiene derecho a que la ley ampare sus derechos como propietarios.