Para finales del 2023 se contabilizaban más de 15.000 denuncias por okupación ilegal, manteniéndose así la gravedad de un problema que tuvo un crecimiento sostenido durante los años anteriores.
Ahora, los propietarios de inmuebles se enfrentan al riesgo de toparse con “inquilinos vulnerables”, lo que ha acrecentado el temor a alquilar, pues la normativa los protege.
Estas leyes han generado un clima de inseguridad jurídica en España que ha incidido en que muchos propietarios dejen de alquilar, el asunto es que, al disminuir la oferta de viviendas en alquiler los precios suben, situación que afecta en especial a las personas con menos ingresos.
Pero ¿cómo no van a desanimarse los propietarios de inmuebles si tienen miedo a no poder recuperarlos en caso de impago o de okupación con todos los procesos legales que esto implica?
Uno de los mayores problemas que enfrentan es que los inquilinos pueden declararse personas vulnerables y, por tanto, estar protegidos ante los desahucios.
Sólo se requiere que la cifra del alquiler más los suministros supere el 35% de los ingresos de los inquilinos para que puedan declararse vulnerables.
Cierto es que, los arrendadores pueden solicitar una compensación económica por la suspensión de desahucios, pero una cosa es la teoría y otra la realidad.
En las comunidades autónomas hay mucha incertidumbre, empezando por el hecho de que no hay presupuestos asignados para este tipo de indemnización.
Se puede afirmar que la crisis de la vivienda es realmente compleja porque por un lado la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, pero las leyes actuales se inclinan por una vivienda digna.
Ahora bien ¿Es justo que sea en menoscabo del derecho de los propietarios? ¿O que sean los ciudadanos quienes asuman el deber del estado español?
Vence la presión vecinal: desalojan una decena de pisos okupados en El Cañaveral
Se espera que la construcción de desarrollos urbanísticos en Madrid, favorezca que la ciudad crezca. En el caso de El Cañaveral, en el barrio de Vicálvaro, se siguen levantando edificios que han llamado la atención de jóvenes que buscan formar una familia; el problema es que también han sido atractivos para los okupas.
Los okupas encontraron una forma sencilla de usurpar los pisos vacíos de este desarrollo urbanístico, pero la presión de los vecinos del número 15, de la avenida Miguel Delibes, ha triunfado este vez: este lunes han sido liberadas una decena de los pisos okupados; por ahora, la victoria es parcial, pero todo apunta a que será completa.
Los vecinos
Cohabitantes que hasta hace unos días tan sólo se saludaban de lejos, comenzaron a reunirse y a controlar quién entraba y salía para evitar que ocupasen más pisos, empezaron a protestar frente a la entrada de la Urbanización hasta que acabaron por echar a los usurpadores.
Responsabilizan a la inmobiliaria porque pagan por seguridad durante 24 horas, pero sólo la han puesto después de llegar los okupas.
Cabe destacar que el propietario de las viviendas contrató a una empresa de desocupaciones que durante las horas de la tarde liberó siete de los inmuebles, los okupas recogieron sus pertenencias y salieron de forma voluntaria de las viviendas apenas habitadas durante una semana, las mismas fueron entregadas en perfectas condiciones.
Víctimas de una estafa
Los okupas aseguran que fueron estafados, pues firmaron contratos y pagaron hasta 5.000 euros para acceder a estos inmuebles que cuentan con piscina, un parque infantil pequeño y una cancha de baloncesto.
El alquiler de estos pisos está entre 1.000 y 1.400 euros al mes, dependiendo del número de habitaciones.
Los residentes ilegales usaron plataformas como Wallapop o redes sociales como Facebook para llevar a cabo todo el proceso que les permitió acceder a los pisos.
Por desgracia, la historia parece repetirse, mafias que venden las llaves de unos pisos deshabitados, es el temor a alquilar de cualquier propietario.