Las políticas intervencionistas del gobierno y la impunidad okupa han logrado reducir el mercado de alquiler, porque mientras el ejecutivo de Pedro Sánchez sigue aprobando medidas contra los propietarios, éstos se convierten en verdaderas víctimas, muchas de ellas tanto o incluso más vulnerables que quienes se aprovechan de estas políticas para justificar su delito.
El caso de Itziar, es uno de tantos, madre soltera de tres menores, tuvo que volver a vivir con sus padres jubilados, mientras en su piso sigue instalada la familia marroquí, con empresas y comprobadamente solvente a quien, confiada, le alquiló su piso.
La historia comienza cuando Itziar, decidió alquilar su piso de dos habitaciones ubicado en Alcobendas, la idea era usar el dinero para alquilar un piso más grande e irse a vivir con su pareja y sus tres hijos; optó por alquilarlo a una familia marroquí que, aparentemente tenía la solvencia para pagar los 875 euros de renta que ella pedía, como revisó la documentación se confío.
El calvario inició cuando antes de finalizar el contrato les comunicó que no se los podía renovar, y ellos sin miramientos le dijeron que no se iban a ir, y de inmediato dejaron de pagarle; así que de inquilinos pasaron a ser inquiokupas.
¿Cuál fue la resolución de las autoridades?
En marzo del 2023, el juez le dio la razón a Itziar, no podía ser de otra manera, ya que dejaron de pagar porque no querían hacerlo no porque no tuvieran el dinero para ello, se ordenó el lanzamiento, pero, como pasa en la mayoría de estos casos, sus inquiokupas se agarraron de la tabla salvavidas en que se ha convertido la vulnerabilidad para muchos.
Y así está Itziar, después de casi dos años, tratando de demostrar que la vulnerable es ella, y lo es, porque es madre soltera de tres menores y sus inquiokupas ya le deben 20.000 euros; además, tiene que pagar la comunidad, los seguros, todo.
Por supuesto su vida se ha convertido en un caos, porque eso de vivir con sus padres y con tres adolescentes ha traído tanto problemas económicos como de convivencia; tanta es la preocupación que está recibiendo tratamiento para dormir y para la depresión.
En medio de su desesperación, Itziar se pregunta por qué los pequeños propietarios, como ella, tienen que asumir una obligación que le corresponde a las autoridades competentes; tampoco es ella quien debe determinar si esta familia es vulnerable o no, pero de serlo entonces que les den una vivienda para que dejen de usurpar la de ellos.
Itziar solo tiene claro que toda esta situación la afecta a ella, a sus hijos y a sus padres, su salud física se ha resentido y debe enfrentar los conflictos con sus hermanos; apenas puede sacar a su familia adelante, por qué tiene que mantener otra y vivir en esas condiciones con su familia. ¿Por qué los usan como escudo social?
La okupación: un mundo al revés
En Barcelona, Kathy Díaz mantiene a su inquiokupa desde hace cuatro años aunque ésta le debe 16.000 euros. Todo sustentado en el Real Decreto 11/2020, que adoptó el gobierno como medida social y económica para enfrentar la pandemia de Covid 19.
Una de esas medidas fue la «Suspensión del proceso de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional«; así que si en la vivienda okupada vive un menor o una persona con discapacidad, no se puede proceder al desalojo porque estas personas son consideradas vulnerables.
El problema es que es difícil comprobar si una persona es un falso vulnerable solo en 48 horas de plazo de desahucio, por lo que se repite la misma situación: el juez ordena el desahucio, el inquiokupa alega vulnerabilidad, el juez le da el plazo que lo acredite, el inquiokupa no lo hace y se archiva el caso.
El proceso de desahucio se reanuda, se establece una nueva fecha, pero el inquilino vuelve a agarrarse de la tabla de la vulnerabilidad y todo vuelve a comenzar. Es una historia que parece no tener fin.
Pero, mientras tanto, los propietarios no reciben el pago por el alquiler, y además, deben seguir pagando hipoteca, comunidad, luz, agua, porque si no pueden ser acusados de coacción contra el okupa.
Debería ser el Ejecutivo y las instancias destinadas para ello, quien resuelva los problemas de la falta de vivienda, pero no, lo que ocurre en la realidad es que el Real Decreto 11/2020, le pasa la carga del supuesto vulnerable al propietario de la vivienda okupada, que al final actúa como escudo social.
Y es responsabilidad de este, mantener al okupa, y además buscar cómo sustentar la deuda adicional que representa mientras intenta recuperar su hogar ya sea por medios judiciales o por la contratación de empresas de desocupaciones para desalojar al okupante.