En los últimos años, los okupas pasaron de tumbar puertas y cambiar cerraduras a entrar en una vivienda como inquilinos, para después, de la noche a la mañana, convertirse en inquiokupas, afectando con esto al propietario del inmueble quien confió y le entregó su propiedad en alquiler sin pensar que iba a pasar a engrosar la lista de las víctimas de la okupación en España.
El asunto es que, en casi todos los casos de okupación la persona o personas alegan vulnerabilidad, esa palabra que asusta a propietarios de inmuebles porque retarda hasta por años la solicitud de desahucio.
Se sabe de muchos casos donde el juez pone fecha para el lanzamiento y en el momento en que el dueño del inmueble está a punto de cambiar la cerradura y recuperar su casa, le comunican que el okupa, unas horas antes, alegó vulnerabilidad ante el juez y el trámite fue admitido hasta que se demuestre lo contrario.
Ahora bien ¿Qué define a un okupa como vulnerable?
Criterios económicos
La Ley de vivienda establece unos criterios económicos, por los que, un okupa es considerado vulnerable:
- Tener hijos menores de edad
- Estar en situación de dependencia
- Ser víctima de violencia de género
Cualquiera de estas razones es suficiente para detener y retrasar el desahucio y convertir en una pesadilla la vida del propietario del inmueble.
En la actualidad el informe elaborado por los Servicios Sociales de los Ayuntamientos de todo el país, tiene un capítulo dedicado a “la vulnerabilidad económica”, el problema es que los okupas pueden estar trabajando y no aparecer en nóminas, o tener negocios ilegales para no tener que pagar las obligaciones correspondientes, así que los Servicios Sociales no manejarían esta información.
En el caso de la inquiokupación, los inquilinos que dejan de pagar también alegan vulnerabilidad, ya que se considera vulnerable a todo aquel que cobre menos de 1.800 euros por mes, y destine más del 30% de sus ingresos para el pago del alquiler y de suministros.
Pero no es esta la única parte del informe que favorece al okupa, pues también hay un capítulo dedicado a la vulnerabilidad social, donde se debe dejar constancia de la situación de todos los que dicen vivir en el inmueble.
En el primer punto de este apartado los trabajadores deben señalar si alguno de los okupantes es víctima de violencia de género.
Pero, cabe destacar, que en el caso de violencia de género, basta con acudir a una comisaría y denunciar una supuesta agresión o aportar el informe de alguna asociación de mujeres maltratadas para que se considere vulnerabilidad social.
¿Cómo afecta toda esta situación al dueño de la vivienda?
Empecemos por el hecho de que el propietario nunca recibió o dejó de recibir el pago del alquiler, y que, en la mayoría de los casos, tiene que seguir pagando el agua, la luz y la comunidad.
Además, debe pagar un abogado privado mientras a los okupas les nombran uno de oficio. Todo esto en medio de un largo proceso legal que le toca costear y que, casi siempre, favorece al okupa.
Por otra parte, si el propietario de la vivienda quiere demostrar la no vulnerabilidad del inquilino puede contratar a un detective privado, lo que implica unos 3.000 euros aproximadamente.
En resumen, el dueño del inmueble termina por asumir una responsabilidad que no le corresponde, porque aunque el okupa sea realmente vulnerable, no son los ciudadanos los que deben buscar soluciones habitacionales ni velar por ellos, y mucho menos a costa de perder su propiedad y su tranquilidad.
Por desgracia para las víctimas de la okupación, mientras el proceso de desahucio se alarga y se complica, el tiempo pasa y la deuda aumenta, afectando económicamente, pero también psicológicamente a muchos españoles que se atrevieron a alquilar sus propiedades y que hoy sólo esperan que el Gobierno los proteja y les devuelva sus inmuebles.
Es cierto que, algunas víctimas de okupación han logrado que el Gobierno les apruebe alguna compensación, se puede dar el caso de que les reconozcan y les paguen (cuando lo hacen a tiempo) hasta cuatro meses de alquiler, que generalmente solo alcanza para costear cuatro meses de suministros, cuando la deuda asciende a muchísimo más de lo que se compensa.