En muchos casos de inquiokupación los gastos de suministros y comunidad están a nombre de los propietarios y estos realizan los pagos con el dinero de la renta de sus inquilinos.
Pero ¿Qué sucede cuando el inquilino se convierte en inquiokupa y deja al propietario varado no solo con la usurpación del inmueble sino con todos los gastos de luz, agua, basura y comunidad que genere?
En casi la totalidad de los casos los dueños del inmueble deben hacerse cargo y enfrentar facturas exorbitantes de las personas que utilizan sus propiedades ilegalmente.
Inquiokupa lleva dos años sin pagar a un matrimonio de jubilados.
La pesadilla de Francisco y Natividad comenzó cuando su último inquilino dejó de pagarles el alquiler, de esto ya han pasado dos años; mientras, la deuda del inquiokupa ya asciende a 12.000 euros.
El matrimonio de jubilados, ambos de 76 años, son propietarios de un pequeño piso en Villaverde, inmueble que compraron con los ahorros de toda su vida con la intención de alquilarlo y con ello tener una jubilación más tranquila.
Aunque han denunciado su caso, el asunto está estancado en el juzgado de instrucción número 77. Cada dos semanas preguntan cómo van las gestiones pero hasta ahora siguen sin recibir respuesta.
Esta situación ha afectado la salud física y emocional de la pareja, quienes se sienten desesperados, porque además de no recibir el pago por el alquiler de su vivienda también tienen que pagar los suministros y mantener a su inquiokupa.
Su abogado les aconsejó que deben seguir pagando los suministros de la vivienda, por supuesto esta recomendación es incomprensible para ellos que son los propietarios, y que además son jubilados; no entienden por qué la ley favorece al inquiokupa. Mientras, el tiempo pasa y el inquilino moroso no les coge el teléfono ni les abre la puerta.
El contrato de alquiler vence en mayo, este matrimonio de jubilados espera que su pesadilla termine pronto pero no saben qué puede pasar.
Mientras tanto, en Málaga
Francisco, un jubilado de 75 años, alquiló la casa que heredó de sus padres hace tres años. Decisión que tomó para enfrentar con menos preocupación esta etapa de su vida junto a su mujer, quien no cobra ningún tipo de subsidio.
Lo que jamás le pasó por la cabeza a esta pareja de ancianos es que alquilar su vivienda se convertiría en una pesadilla.
El suplicio comenzó en septiembre del 2021 cuando una empleada de la inmobiliaria a la que acudieron para poner en alquiler su propiedad se interesó por el piso, la mujer en cuestión parecía tener las mejores credenciales, así que ese mismo día cerraron el trato.
Pero la inquilina empezó a retrasarse con los pagos desde el primer momento, y cuando se comunicaron con ella su respuesta fue decir que la estaban acosando; así que cortaron todo contacto con ella por miedo a que los denunciara.
Después, cuando supieron que la habían despedido de la inmobiliaria supuestamente por ser “conflictiva”, los propietarios decidieron poner su caso en manos de las autoridades.
La inquiokupa se ha declarado vulnerable en dos ocasiones, sin embargo, como no acredita los documentos exigidos el juez archiva la pieza y el proceso continúa; entonces ella vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad y el procedimiento vuelve a empezar.
Ahora, la familia está a la espera de que se fije una fecha para el juicio, pero no están tranquilos porque la demandada puede recurrir a la misma artimaña otra vez.
A esto se suma que además de tener 10 meses sin recibir ni un euro por el alquiler, están obligados a pagarle el suministro del agua.
Ancianos asumiendo responsabilidades del gobierno
La familia no entiende cómo el gobierno está dejando en manos de jubilados, muchos de ellos pensionistas que necesitan el dinero para salir adelante, una responsabilidad que no les corresponde.
En este caso, además de no recibir el pago por el alquiler, también tienen que pagar el mes de comunidad, el seguro de la vivienda y el suministro del agua.
Se sienten desesperados ante un gobierno que no busca una alternativa habitacional a quien realmente sea vulnerable, y quiere endosarle su obligación a gente como ellos: ancianos jubilados, muchos de ellos enfermos.
Francisco y su hijo Alejandro han recurrido a todas las instancias a su alcance: al Ayuntamiento de Málaga, donde le ofrecieron ayudas a la inquilina pero ella no las aceptó.
Llegaron hasta donde el Defensor del Pueblo, pero nada; prácticamente la respuesta es que la propiedad privada en España ya está abolida, al menos para una familia como la de ellos.
Pero ¿Por qué los propietarios deben seguir pagando los suministros a los inquiokupas?
Los propietarios se ven obligados a seguir pagando los suministros y otros gastos porque si dejan de pagarlos con la intención de que les sean cortados pueden ser acusados de coacción, esto está regulado en el artículo 172.1 del Código Penal, donde se establece:
“El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”.
La constitución española reconoce el derecho a la vivienda como fundamental, así que cuando se considera que la coacción tiene como objeto impedir el ejercicio de este derecho se imponen las penas más elevadas.
Los servicios de agua y electricidad también se consideran un derecho básico sin importar si se trata de ocupantes ilegales, por tanto, se debe evitar el corte de los suministros de la vivienda porque podría ser acusado de un delito y la persona quedaría con antecedentes penales. Además, todo esto puede perjudicar todo esfuerzo para desalojar a los okupas.