El pasado martes 18, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley de Junts, que pretende agilizar los desahucios y el desalojo okupa en un plazo máximo de 48 horas, ya sea en casos de allanamiento de morada o de usurpación.
¿Qué plantea la proposición de Ley presentada por Junts?
La proposición de ley de Junts plantea una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para agilizar los trámites en caso de allanamiento de la morada o usurpación de una vivienda vacía con el propósito de establecer una medida cautelar urgente de desalojo cuando se interponga la correspondiente denuncia.
Junts pretende que los okupantes tengan 48 horas para acreditar su posesión legítima y en caso contrario que se proceda al desalojo okupa inmediato.
Además, que se impidan las dilaciones “por la alegación de vulnerabilidad por parte de los okupantes ilegales del inmueble”.
También proponen limitar la suspensión de los desahucios a casos en los que las viviendas sean propiedad de empresas o personas físicas con más de diez viviendas, entre otras medidas.
De ser aprobadas estas disposiciones, se le quitaría un gran peso de encima a los propietarios, las víctimas de la okupación, quienes después de ver okupadas sus viviendas, deben enfrentar largos y costosos procesos legales para intentar recuperarlas.
Junts consigue el apoyo del PSOE, PP y Vox
El Congreso ha aceptado tramitar la iniciativa de Junts con el voto a favor del PSOE y el PP, aunque con matices, porque ya los socialistas anunciaron que agregarían enmiendas al texto de los independentistas.
Mientras tanto la Ley Antiokupas presentada en el Senado desde febrero de 2024 sigue engavetada en un cajón de la mesa del Congreso.
La gente de Vox, PNV y Coalición Canaria también apoyaron la iniciativa de Junts, por su parte, las agrupaciones de izquierda como Sumar, ERC y EH Bildu, rechazaron la propuesta.
Durante el debate para considerar la proposición de ley impulsada por la gente de Carlos Puigdemont, la diputada de Junts, Marta Madrenas ha afirmado ante el pleno de la Cámara Baja que la okupación de viviendas es un problema de primer orden; además, ha calificado la reforma legal como una “cuestión de justicia” para enfrentar un problema, “la vivienda debe ser un pilar del Estado de Bienestar”.
La diputada ha argumentado que la okupación si es una preocupación real para la ciudadanía y ha exigido una respuesta política.
Ha destacado que su iniciativa busca la recuperación de los inmuebles okupados, ampliando el concepto de delito flagrante e impulsando los juicios inmediatos.
Según los datos aportados por Madrenas, Cataluña lidera el ranking de okupaciones, ha asegurado que el 96% de las okupaciones afectan a domicilios vacíos y sólo el 4% a segundas residencias, agregó que, “Cada año, 2,5 viviendas de cada 1.000 son okupadas en Cataluña.
“El sentido común nos debería impedir justificar que para garantizar un derecho humano se pueda pisotear otro”, ha dicho Madrenas, en referencia a la propiedad privada.