Mientras el Gobierno sigue cobijando y alentando a los okupas, los jueces están tratando de poner coto al delito de la okupación que, en Comunidades como Cataluña no deja de aumentar, mediante la abolición del delito de coacciones por cortar servicios a los okupas.
Con una decisión que puede marcar un antes y un después en la lucha contra la okupación ilegal, los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona se han puesto de acuerdo para que, a partir de ahora, se dé fin a una gran injusticia: que los propietarios, víctimas de la okupación, puedan ser condenados por cortar los suministros básicos a sus okupas.
El acuerdo, suscrito el pasado 7 de marzo, reza lo siguiente: “en caso de que el titular de una finca ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones”.
Se unifica con esto el principio judicial sobre los casos de usurpación de inmuebles o allanamiento de morada; una grave problemática que sigue afectando a miles de propietarios en todo el país que, además de perder su vivienda, se ven obligados a mantener a sus okupas.
Este acuerdo da respaldo legal a los propietarios que deben enfrentar procesos legales largos y costosos para intentar recuperar sus inmuebles, debido a que los libera de tener que pagar los gastos generados por quienes han entrado de manera ilegal a su propiedad.
Sin embargo, no todas son buenas noticias, porque el acuerdo no será aplicado en todo el país, sólo en Barcelona y Gerona; ni beneficiará a todas las víctimas de la okupación, ya que los afectados por la inquiokupación no pueden ser amparados por este convenio de abolir el delito de coacciones.
Barcelona y Gerona
Por ahora, solo se trata de un convenio que, primero, adoptó La Audiencia Provincial de Gerona en noviembre del año pasado, y ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona que, aunque no es extrapolable, aporta más seguridad jurídica ante un fenómeno que continúa en aumento; además, puede servir de guía y animar a otros jueces a hacer lo mismo.
La unificación de este criterio es muy importante porque se debe tener presente que, ahora mismo, casi la mitad de las okupaciones que hay en España, ocurren en Cataluña.
Por desgracia, esta decisión no aliviará a todos los afectados por la okupación, es el caso de la inquiokupación, donde hay un contrato de por medio, pero, de repente, el inquilino deja de pagar el alquiler.
Hablan las verdaderas víctimas
“Es otra medida más y nos alegramos por ella, pero lo ideal sería que pudiera aplicarse a toda España, y que también beneficiase a los afectados por la inquiokupación, porque no deja de ser una tirita para el gran problema”, se lamenta Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO)”.