Después de un largo estancamiento tras unas elecciones generales no concluyentes realizadas en julio de este año, el socialista Pedro Sánchez fue reelegido recientemente como presidente del gobierno español.
Su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) firmó acuerdos por separado con algunos partidos regionales para obtener su apoyo, convenios envueltos en gran polémica, como el proyecto de ley de amnistía para los separatistas catalanes que generó protestas en todo el país.
La indignación tuvo eco en diferentes sectores, desde la justicia española hasta los ciudadanos de a pie que se manifestaron en varias ocasiones; incluso algunas de estas protestas llegaron a tornarse violentas.
Ley de Vivienda
Recordemos que una de las propuestas lideradas por Pedro Sánchez, en su campaña por la reelección fue la Ley de Vivienda, ley estrella con la que el gobierno intentó ganar seguidores, y que fue aprobada hace pocos meses.
La nueva Ley de Vivienda busca, en teoría, proteger a los inquilinos vulnerables, y regular el impago de alquileres, limitando además, el aumento anual de los contratos de alquiler.
Pero ¿Cómo puede afectar la nueva Ley a los propietarios de viviendas que sufren la okupación de su inmueble?
Aunque la Ley de Vivienda no ampara la okupación como movimiento social radical, sí se modificó la Ley de enjuiciamiento Civil en casos muy específicos de desahucio y okupación.
¿Cuándo hablamos de okupación?
Las leyes españolas no reconocen la okupación como tal, sino que establecen dos delitos independientes pero relacionados con la invasión del patrimonio: la usurpación y el allanamiento de moradas.
De estos delitos el que se ajusta más al okupa es el de usurpación, en otras palabras, entrar y permanecer en un inmueble deshabitado sin el consentimiento del dueño; esto está sancionado con prisión si se comprueba violencia o intimidación.
Ahora bien, la nueva Ley de Vivienda, suaviza el procedimiento de desalojo en los casos de usurpación de vivienda sin violencia ni intimidación, pero sólo cuando se compruebe que el ocupante tiene una situación de dependencia acreditada legalmente.
En estos casos, se trasladará la responsabilidad a la comunidad autónoma en cuestión para que adopten las medidas de protección que correspondan, como encontrar una solución habitacional para el ocupante.
En cuanto a los Desahucios
Las fuerzas y cuerpos de seguridad no podrán intervenir un inmueble por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora exacta al okupa.
En esta situación, el propietario debe informar si es su vivienda habitual o no, y, conciliar con los okupas considerados como vulnerables. Por supuesto, será más difícil para el propietario si se le considera un gran tenedor, es decir, si tiene 5 viviendas o más.
Resaltamos aquí, el hecho de que mientras el gobierno español flexibiliza las sanciones contra la okupación, el Gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, por el contrario, anunció un endurecimiento de las penas y mayor contundencia cuando se trata de la okupaciòn de viviendas.
¿Es esta la contundencia que aspiraban los españoles de Sánchez?
Aquí cabe mencionar que, según el estudio Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas, elaborado por La Línea Directa Aseguradora en junio de este año, el 77% de los españoles piensa que la okupación es un problema social en España.
Por su parte, el 60% de los españoles piensa que se deben endurecer las penas y agilizar los desalojos pues consideran que las sanciones son poco severas, por tanto, no existe seguridad jurídica para el propietario.
Queda esperar, ahora que Sánchez seguirá instalado en La Moncloa, en medio de múltiples y polémicos acuerdos, cuál será su actuación ante los problemas generados por la okupación en el país.