Una de las principales artimañas o «estrategias» que están utilizando los okupas para eludir el desalojo exprés consiste en la presentación de contratos de arrendamiento falsos o simulados, además de testimonios inventados. Este tipo de documentación, aunque no tiene validez legal real, genera dudas en los procesos judiciales retrasando el desalojo.
La ley incluye mecanismos como la conciliación entre las partes que buscan una solución previa, es decir, sin llegar a los tribunales; sin embargo, en muchos casos, la mediación sólo sirve para alargar el proceso. Los okupas, bien asesorados por abogados y por colectivos afines, se aprovechan de todo esto para quedarse más tiempo en el inmueble okupado sin pagar nada.
Las letras pequeñas en la ley antiokupas
La nueva ley antiokupación fue vendida como una solución exprés para acabar con uno de los problemas que más genera indignación entre los ciudadanos españoles: el lento proceso para recuperar una vivienda okupada.
Ahora bien, mientras las autoridades prometen desalojos exprés en 15 días, los hechos demuestran que ese plazo quedará sólo como un buen propósito y nada más, porque en la realidad los procedimientos judiciales siguen limitados por distintos factores: desde la localización de los okupas hasta aprovecharse de lo abarrotados que están los tribunales para presentar documentación manipulada.
La saturación en los tribunales juega a favor de los okupas, si el okupa no es ubicado de inmediato o si hay equivocaciones en la notificación, el procedimiento deja de ser urgente y pasa a la vía ordinaria, lo que implica una espera de meses o hasta de un año.
La reforma de la ley, que entró en vigor el 3 de abril, agiliza, al menos en el papel, los juicios para casos de allanamiento de morada (viviendas habituales) y usurpación (segundas residencias o locales), pero, se debe cumplir con una condición fundamental: no debe haber dudas de la okupación, es decir, basta con presentar cualquier documento (aunque sea falso) para que el procedimiento exprés pase a ser un juicio ordinario, que puede durar meses.
El vacío legal de la inquiokupación
Quizá uno de los puntos de la ley que más genera discusión es que ignora por completo a los inquiokupas, es decir, a aquellos inquilinos que entran en una vivienda con un contrato de arrendamiento legal, pero después de un tiempo dejan de pagar y se rehúsan a dejar la propiedad.
No hay en la ley ninguna medida contra la inquiokupación aunque el 80% de denuncias son de este tipo.
En estos casos, a los propietarios sólo les queda recurrir a procedimientos civiles convencionales, largos y costosos que implican un coste económico y emocional significativo.
Son muchos los pequeños propietarios que tienen sus viviendas okupadas por personas que no pagan el alquiler, pero tampoco se van; por esta razón, estos ciudadanos se sienten abandonados por el sistema.
Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), resume muy bien la ley antiokupas: “Esta ley es un parche. Los okupas siguen jugando con ventaja, y los propietarios siguen desamparados”.