En muchos casos de okupación, los okupantes presentan contratos de arrendamiento que son falsos o simulados, la falsificación de documentos es una técnica común utilizada para crear una apariencia de legalidad en situaciones que, en realidad, son ilegales.
Esto permite a los okupas disfrazar su okupación ilegal como si fuera un arrendamiento legítimo, lo que complica el proceso de desalojo para los propietarios e incluso para la policía.
Un caso similar ocurrió en Elche cuando la Policía Local recibió la llamada de un testigo quien aseguraba que en ese momento estaban tumbando la tapia de una vivienda. El suceso ocurrió en la Avenida de Santa Pola de la ciudad.
Los agentes acudieron de inmediato al lugar de los hechos donde sorprendieron a dos personas mientras intentaban derribar la puerta de entrada del inmueble, esto con la ayuda de herramientas de gran tamaño.
Se trataba de dos hombres de 41 y 44 años, al preguntársele, uno de ellos manifestó que podían entrar al interior de la vivienda porque tenían un contrato de alquiler el cual mostraron a la Policía, quienes detectaron indicios de falsedad en el mismo.
Los agentes realizaron las gestiones pertinentes y se pusieron en contacto con la Unidad de normalización e inspección de la Consellería, que informó que la vivienda no había sido adjudicada a nadie.
Esto, debido al encontrarse judicializada por un presunto delito contra la salud pública, y les confirmaron sus sospechas: el contrato de arrendamiento no era auténtico.
En consecuencia, los individuos mencionados fueron acusados de haber cometido el presunto delito de falsedad documental, tentativa de usurpación de bien inmueble, y daños.
Mientras tanto, en otra zona de Alicante
Un hombre y una mujer de 23 años de edad, de nacionalidad española, fueron detenidos por la Policía Nacional en Alicante; se les considera presuntos responsables de los delitos de estafa y usurpación de estado civil.
La pareja usurpó la identidad de un hombre de 76 años, quien para el momento se encontraba postrado en cama por una enfermedad terminal que lo llevó a la muerte.
Usaron sus datos para contratar un servicio de alarma en una empresa de seguridad e instalarlo en una casa que habían okupado anteriormente.
Los hechos fueron notificados a la Policía Nacional por los familiares de la persona fallecida debido a que, la empresa de seguridad contratada les estaba reclamando una deuda de 968 euros.
Según cuentan los familiares, después de contactar con la empresa, se enteraron de la contratación de un servicio de alarma a nombre de su familiar, acordado mientras éste aún vivía.
Al recibir la denuncia, los agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Alicante-Centro iniciaron una investigación, logrando descubrir que la vivienda para la que se había contratado el sistema de seguridad había sido okupada por un hombre y una mujer, pero que ya no vivían en ella sino en otra vivienda del mismo edificio.
Esto permitió su pronta localización y detención para finalmente ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante por los delitos mencionados.
En ambos casos, de okupación y falsificación, los propietarios y también víctimas enfrentan dificultades significativas para recuperar sus derechos o propiedades.
En el caso de la okupación, el proceso judicial para desalojar a los okupantes puede ser largo y complicado. De manera similar, quienes son víctimas de falsificación pueden encontrar obstáculos legales para demostrar su situación y recuperar sus bienes o derechos.