La okupación de viviendas abandonadas ha existido siempre, en España tuvo auge en las décadas de los 60 y 70 como una salida a la gran demanda de viviendas producida por el éxodo de la población del campo a las ciudades, y también relacionada con un ideario social.
La okupación siguió el modelo de los squatters ingleses, expresión que puede traducirse como ocupadores ilegales.
Ahora bien, la diferencia entre ocupar y okupar está en el carácter político de esta última acción, además del delictivo que viene siendo regular en las últimas décadas en la que se argumenta que, “la toma de un inmueble abandonado más que un fin es un medio para denunciar las dificultades para acceder una vivienda”.
En la actualidad la palabra okupa y todos sus derivados han sido popularizados por los medios de comunicación, de tal modo que ya es de uso corriente. Se utiliza en Castellano, catalán, euskera, gallego y otras lenguas ibéricas, y se reconoce como equivalente español del inglés squat.
Okupa como movimiento
En relación con la expresión “movimiento okupa” en España es un término que tiene diferentes interpretaciones; hay quienes afirman que no existe tal movimiento sino diferentes tipos de okupación no necesariamente interrelacionados, otros, hablan de un movimiento social radical.
El movimiento social radical se sustenta en que la ocupación de inmuebles desocupados temporal o permanentemente, se realiza para utilizarlos como vivienda, tierras de cultivo, lugar de reunión; entre otros usos, pero que “el fin último es denunciar y al mismo tiempo resolver el derecho a la vivienda”, aun a costa del derecho de la propiedad privada y del trabajo de los demás.
En algunos casos se trata de familias o grupos de personas que buscan un lugar para vivir y no pueden o no quieren pagar un alquiler o una hipoteca, se justifican en el artículo 47 de la Constitución española que establece:
Artículo 47
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Muchos asumen que satisfacer esa necesidad les da el derecho a entrar en una propiedad ajena, tanto particulares o de entidades e instalarse en ella.
Comúnmente los okupas y quienes apoyan la okupación suelen justificarse en que estos inmuebles están deshabitados o no son residencia principal, por tanto, no consideran los daños o gastos económicos que les generan a los dueños de las propiedades que son usurpadas.
Pero, ¿Por qué hay tantas okupaciones en España?
Hay que empezar por el hecho de que en los primeros años de la democracia fueron legalizadas miles de ocupaciones ilegales de inmuebles de propiedad estatal, de hecho la ocupación había tenido cierta tolerancia en décadas anteriores debido a que, al menos de manera parcial, había servido para resolver el problema de la falta de vivienda generada por la migración de la gente del campo a la ciudad.
Hasta 1996 la figura legal que se utilizaba era la coacción: el propietario de la vivienda denunciaba al o los okupas alegando que le impedían usar su propiedad, entonces se abría un largo proceso penal que solía terminar con una orden de desalojo; sin embargo, en muchos casos, los jueces le daban la razón a los okupas.
Durante ese año se aprobó un nuevo Código penal que tipifica el delito de okupación como usurpación, no obstante, las escasas condenas relacionadas se debían sólo a la resistencia en el momento del desalojo.
Movimiento okupa en la actualidad
Ciertamente las leyes han cambiado en los últimos años, incluso hace poco el Partido Popular (PP) aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la ocupación (ley antiokupación).
Esta ley plantea proteger la propiedad privada al facilitar el desalojo de los ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas, luego de la correspondiente denuncia y agilizar los procesos judiciales, esto implicaría endurecer la ley contra la okupación.
Porque está demostrado que en España existen mafias dedicadas a lucrarse de este delito, y que los okupas han ido profesionalizando distintas artimañas que les permiten evadir la ley, siendo las víctimas los propietarios legales, quienes además de no recibir ningún pago por alquiler, en muchos casos también tienen que pagar los servicios de sus viviendas aunque estén okupadas.
España es considerada el paraíso de los okupas porque la ley pone al okupa denunciado en la misma posición que los propietarios, en medio de largos y penosos procesos legales que son costeados por las víctimas.