Los okupas no dejan de sorprender. Esta vez, se expone una recopilación de los últimos delitos de okupaciones en Baleares que pone en relieve la creciente ola de okupación en las Islas.
La Policía Local de Palma ha tenido que intervenir después que una mujer denunciara a una pareja por instalarse en la vivienda donde ella vive como okupa.
Este hecho, por demás insólito, ocurrió el pasado 15 de junio en Palma. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana se trasladó al domicilio después de recibir la llamada, los agentes actuaron como en un caso de allanamiento de morada y se aseguraron de lo sucedido.
La pareja les explicó a los agentes que le pagaron 1.000 euros a un hombre para entrar a la casa, y que éste les aseguró que la vivienda estaba vacía.
Consideran que fueron estafados, pero se retiraron del inmueble sin oponer resistencia.
Lo increíble es que la Policía Local haya tenido que intervenir para desalojar a los segundos okupas en favor de la primera okupa, en lo que pudiera llamarse una okupación al cuadrado.
Y en medio de esta situación está el propietario del inmueble, el más afectado y seguramente el menos contento con todo lo sucedido.
Por ahora, la Policía investiga a la persona que recibió el pago para dejar entrar a la pareja a la vivienda, quien también hizo lo mismo con la primera okupa asegurando un negocio redondo.
Pero hay más, todo el bloque de pisos donde ocurrió este hecho está lleno de okupas. Ahora todo está en manos de un juez, a quien le tocará decidir cómo terminará esta historia.
Mientras, en Ibiza
En una villa de Benirrás, en Ibiza, los propietarios intentan negociar con su inquilina, una mujer estadounidense que se ha negado a dejar la propiedad aunque su contrato se venció hace 6 meses.
Y no conforme con eso, la okupa, subalquila las habitaciones de la vivienda por 1.000 euros al mes cada una.
Un abogado, en representación de la familia propietaria, se ha reunido en varias ocasiones con la okupa para dialogar con ella e intentar llegar a un acuerdo, le ofrecieron dos posibles soluciones.
La primera, pagarle para que se vaya, y la otra, renovarle el contrato siempre que lo firme una tercera persona solvente de su entorno.
Al principio le ofrecieron 3.000 euros, pero estaban dispuestos a pagarle hasta 10.000 euros, esto por la desesperación y la impotencia que sienten.
Los propietarios alegan que la okupa no puede ser considerada una persona vulnerable, pues se ha dedicado a sacar provecho de la situación al realquilar las habitaciones de la vivienda de manera ilegal.
La okupa les había dicho que optaba por la segunda solución꞉ buscar una persona que firmará el contrato en su nombre para mantenerlo, pero ellos la han investigado y no hay quien pueda asumirlo.
Propietarios acusados por coacción
Hace unos meses, a los propietarios se les ocurrió enviar unos amigos suyos de Ibiza (ellos viven en Luxemburgo) a comprobar si en la casa seguía viviendo gente, esto después de enviarle una notificación a la inquilina pidiéndole que se marchara porque ya tenía varios meses sin pagar.
Pero, cuando la okupa comprobó que estas personas estaban dentro del terreno, se comunicó con las fuerzas de seguridad de Sant Joan, donde se encuentra la Villa, quienes se personaron en el lugar.
La Policía Local y la Guardia Civil procedieron a detener a las cuatro personas enviadas por los propietarios por supuestas coacciones graves hacia la inquilina, esto aunque la mujer no pudo presentar el contrato de arrendamiento.
Los cuatro arrestados fueron puestos en libertad después de un juicio rápido en el juzgado de guardia.
Finalmente, mientras el tiempo sigue su curso, los propietarios de la villa confían en poder llegar a un acuerdo con la okupa, sabiendo que ella quiere quedarse en la propiedad.
En Palma, el Tribunal Supremo confirma condena para mafia de la okupación
El Supremo confirma condenas de hasta 6 años y medio para clan familiar de 12 miembros por okupación ilegal de 14 viviendas entre 2014 y 2023. Las condenas más altas fueron para el cabecilla del grupo y su mano derecha en esta organización criminal.
El grupo ocupó de forma ilegal varios pisos propiedad de Bancos en Palma, después se los alquilaban de forma fraudulenta a personas en situaciones vulnerables.
En algunos casos, cuando el inquilino dudaba de la legalidad del negocio, le tapiaban la puerta del piso y los dejaban sin sus pertenencias.
Además, amenazaban a los inquilinos cuando llegaba la orden de desahucio y estos se daban cuenta de que todo era ilegal.
La situación llegó a ser tan grave que tres de sus víctimas tuvieron que comparecer como testigos protegidos a lo largo del proceso judicial.
El clan llegó a okupar hasta 14 pisos en Son Gotleu, Cala Major, el Arenal, Polígono de Levante y la Soledad.
No utilizaban internet para promover los alquileres, lo hacían a la antigua꞉ anuncios hechos a mano y publicados en farolas y escaparates.
Su estrategia era entrar a los pisos de una patada, cambiar la cerradura, empalmar la electricidad, el agua y, finalmente, ofrecerlos como si fueran los propietarios.
Estas mafias, por lo general, se aprovechan de personas vulnerables como inmigrantes sin recursos y con menores a su cargo. Por el lado opuesto, los delincuentes alardeaban en sus redes sociales de su alto nivel de vida.
Estos casos presentan cómo se han incrementado las okupaciones en las Islas Baleares, sean edificios o viviendas particulares los okupas acechan a cualquiera.
Por ello, lo más recomendable es contar con expertos en desalojos okupas como Desocupaciones Mallorca, que puedan resolver estas situaciones de la manera más segura y diligente que pueda realizarse.