La okupación ilegal en España está muy presente en la realidad del país, la evidencia es que las demandas por okupación ilícita de vivienda siguen en aumento.
Cuando se produce una okupación ilícita, una de las opciones que tiene el propietario es acudir a la justicia, eso sí, asumiendo los costes y el largo proceso que implica; por esta razón, en muchos casos el dueño del inmueble decide contratar una empresa especialista en desalojos como Desocupaciones Mallorca para resolver el problema a la mayor brevedad.
Sin embargo, también se conocen algunos casos donde el propietario decide tomarse la justicia por su mano, es decir, echar al okupa él mismo.
Pero, ¿Qué ocurre si al propietario de una vivienda se le ocurre echar a los okupas que se hayan instalado en ella?
Ocurre que este ciudadano puede incurrir en dos delitos, uno de ellos penado con cárcel, ahora bien, ¿Cuáles son estos delitos? ¿Y a qué penas se expone el propietario?.
El primero de los delitos en los que incurre el dueño del inmueble cuando echa de su propiedad a un okupa, es el de realización arbitraria del propio derecho, este delito está regulado en el artículo 455 del Código Penal.
Este delito castiga con multa de 6 a 12 meses, a quien, para realizar un derecho propio, actúe fuera de las vías legales, empleando intimidación, fuerza o violencia en su actuar.
Si para la intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos, se impondrá la pena superior en grado, es decir, multa de 12 meses y 1 día a 18 meses.
El segundo delito es la coacción, esta se comete cuando una persona le impide a otra hacer lo que la ley no prohíbe, o cuando le obligará a hacer lo que no quiere, ya sea justo o injusto.
Este delito está regulado en el artículo 172 del Código Penal, regula distintos tipos de coacción, de acuerdo al objetivo que se pretenda lograr.
El hecho de cortar los suministros básicos a la vivienda como el agua o la luz, se considera un tipo de coacción.
La pena para la coacción va desde los seis meses hasta los tres años de cárcel o con multa de 12 a 24 meses, dependiendo de la gravedad de la coacción o de los medios empleados.
Finalmente, un ciudadano que intente hacer justicia por su propia mano puede ser condenado por otros delitos que cometa al hacerlo, por ejemplo, amenazas, daños y lesiones.
El caso del propietario que desokupó su vivienda por su propia mano en Murcia
Todo comenzó cuando un hombre regresó de la playa con su familia y decidió pasar por su casa recién adquirida para recoger algunas cosas, todavía no residían allí pues estaban a la espera de la culminación de las reformas mientras pagaban la hipoteca.
Cuando quisieron entrar se dieron cuenta que les habían cambiado la cerradura, al preguntar a los vecinos, estos les informaron que okuparon su vivienda.
El hombre afirma que en ese mismo momento decidió que él mismo tenía que resolver, debía echar a su okupa y tenía que ser de inmediato.
Y es que ya había vivido un trámite de desalojo que fue además muy largo: pasaron 5 años en 4 juicios y más de 20 recursos, un procedimiento muy costoso debido a los gastos en abogados y los trámites legales.
Por eso fue a buscar a dos amigos y procedió a expulsar a los okupas, que aclara, se mostraron colaboradores, recogieron sus cosas y se fueron. Ahora bien, aunque no pasó a mayores, el dueño de la vivienda se enfrenta a posibles delitos por no haber seguido los pasos legales previstos ante una ocupación ilícita.
Lo antes expuesto confirma que es un grave error pretender tomarse la justicia por su cuenta, porque esto sólo agravará la situación al traerle problemas legales y hasta la cárcel. La recomendación es solicitar ayuda legal o contratar los servicios de una empresa especializada de inmediato.