Aunque ha pasado un buen tiempo desde que la pandemia quedó atrás, miles de okupas en España, siguen aprovechándose del decreto antidesahucios aprobado por Pedro Sánchez.
De hecho, los informes de vulnerabilidad se han convertido en una horrible pesadilla para quienes desean recuperar su propiedad.
Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación expresa: “Hasta que consigues una sentencia de desahucio pasa mucho tiempo, pero es que, justo cuando ésta se va a ejecutar, los okupas recurren a Servicios Sociales para tratar de demostrar que son vulnerables y evitar que los echen”. Y, ciertamente, muchos de ellos lo logran.
Pero ¿Cómo logran los okupas conseguir informes de vulnerabilidad?
Se debe recordar que la Ley de Vivienda establece los siguientes criterios socioeconómicos, por los que, un okupa puede ser considerado vulnerable:
- Tener hijos menores de edad.
- Estar en situación de dependencia.
- Ser víctima de violencia de género.
Por otra parte, cuando se trata de la inquiokupación -inquilinos que dejan de pagar- también se considerará vulnerable a quien cobre menos de 1.800 euros al mes y destine más del 30% de sus ingresos para el pago del alquiler y los suministros.
Actualmente, los informes elaborados en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos dan gran importancia a la valoración de la vulnerabilidad económica, en él, los funcionarios deben dejar constancia de nóminas o de cualquier tipo de subsidio.
Ahora bien, nadie parece considerar que los okupas pueden estar trabajando sin estar en nómina, pero en el caso de que no reciban ingresos y sean realmente vulnerables ¿por qué los dueños de las viviendas deben asumir la responsabilidad de resolver su problema habitacional?
Además, está comprobado que, en muchos casos, el okupa o el inquiokupa se pone en situación de vulnerabilidad para evitar el desalojo, aprovechándose de las bondades que la Ley le ofrece.
La vulnerabilidad social
El asunto es que, en este informe se favorece a los okupas no sólo al considerar los criterios económicos mencionados, sino también en lo que se refiere a la “valoración de la vulnerabilidad social”, donde los responsables de su elaboración deben dejar constancia de la situación de todos y cada uno de los miembros que afirman vivir en la vivienda.
Uno de los puntos de este apartado es si alguna de las okupas sufre de violencia de género, pero lo que llama la atención es que, basta con acudir a una comisaría y denunciar una supuesta agresión o entregar el informe de alguna asociación de mujeres maltratadas para que el caso sea demostrado.
Otras causas que también pueden retrasar un desahucio inminente son: que en la vivienda viva un menor de edad, un mayor de 65 años, se trate de familia monoparental o que alguno de los okupas tenga alguna discapacidad.
Pero apenas se comprueba nada debido a que los Servicios Sociales no cuentan con recursos para estudiar bien los casos, ni siquiera visitan la casa okupada.
Por lo que, no pueden ver si se trata de un narco piso o confirmar cuál es el comportamiento de los okupas en la comunidad.
Entonces, si finalmente, un juez estima que los okupas son vulnerables por cualquiera de las causas, el desahucio se retrasa a la espera de que el ayuntamiento correspondiente busque una solución habitacional para reubicar a estas personas.
El problema es que, por lo general, estas gestiones no se concretan por distintas razones, como el rechazo de los okupas porque el lugar es pequeño, porque no les reciben los gatos, y otros tantos peros; entonces, es el propietario de la vivienda okupada quien termina pagando los platos rotos al tener que asumir una responsabilidad que no le corresponde.
La solución a largo plazo para las víctimas (los propietarios de las viviendas) quienes se vuelven vulnerables ante los okupas, es que se tomen las medidas necesarias para acabar con el delito de la okupación, porque la cifra de perjudicados solo va en aumento. Por desgracia, mientras el okupa se sienta protegido la okupación se fortalecerá.