Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, se mantiene firme en su lucha contra la okupación ilegal de inmuebles que asola a su país desde hace unos años. Al inicio de esta guerra (como ella la llamó) Meloni manifestó que se acabó la era en que el Estado miraba hacia otro lado ante quien no respeta las leyes.
También hizo énfasis en ese momento en que los edificios de protección social debían ir a manos de familias realmente necesitadas, muchas de ellas, quizá, estén viviendo en condiciones inhumanas mientras la vivienda social es ocupada por delincuentes, declaró en ese tiempo.
El fenómeno de la okupación fue tomando cuerpo con los años hasta llegar a tener protagonismo en el país, con miles de inmuebles, entre viviendas y apartamentos, ocupados de manera ilegal.
Es bueno recordar que la lucha contra la okupación ya estaba incluida en la campaña electoral de Giorgia Meloni junto con medidas y promesas que comenzaron a hacerse realidad cuando su partido presentó varios proyectos con disposiciones sobre esta materia.
En este sentido, una de las primeras acciones del gobierno fue empezar a desalojar las viviendas que se ocuparon ilegalmente en diferentes regiones como Roma, Nápoles, Turín, Milán, entre otras.
El gobierno de Meloni endurece las penas a criminales
Para terminar de cumplir con su promesa electoral de establecer un gobierno fundamentado en “Ley y orden”, el gobierno de Meloni anunció recientemente una serie de medidas para reforzar la seguridad ciudadana en Italia.
Las medidas van desde castigos más severos contra la ocupación ilegal de propiedades hasta considerar el bloqueo de carreteras como delito, y sancionar con cárcel a quienes cometan fraude contra personas mayores.
Una de las medidas más resaltantes es que el Gobierno crea un nuevo delito para la okupación ilegal de inmuebles. La nueva norma persigue la devolución inmediata de los inmuebles a sus propietarios al expulsar a los okupas.
La normativa establece: «Él que, mediante violencia o amenazas, ocupe o posea sin título un inmueble destinado al domicilio de otros, o impida al dueño o a quien legítimamente lo posee volver a él, enfrentará penas de prisión de entre dos a siete años».
Esta medida refuerza el compromiso del gobierno de Giorgia Meloni y su ideología en la lucha contra la okupación ilegal en Italia.