El pasado 14 de noviembre el Congreso de Diputados marcó un antes y un después al aprobar el Proyecto de Ley de eficiencia de la justicia, que incluye, entre otras medidas, los juicios exprés frente a la okupación ilegal de viviendas en España.
Con la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los casos de ocupación ilegal: allanamiento de morada y usurpación de vivienda, se sumarían a la lista de delitos menos graves.
De esta manera, podrían ser procesados por la vía rápida, permitiendo que los juicios se celebren en un plazo estimado de 15 días.
Esta modificación ha generado un amplio debate en el ámbito político y social del país.
En muchos sectores se ha celebrado como un gran avance en la lucha contra la okupación, aunque con cierta reserva porque no incluye la inquiokupación.
Siendo esta la situación en la que un inquilino firma un contrato de alquiler, paga las primeras cuotas, pero luego deja de pagar la renta, convirtiéndose en un moroso.
Pero el alivio y la alegría de muchos ciudadanos por esta modificación a la Ley ha durado poco.
La Cámara Alta ha aprobado el veto presentado por el Partido Popular (PP), que tiene mayoría absoluta, esta decisión consta en el Boletín de las Cortes oficiales de este 2 de diciembre, esto implica que el texto será enviado de nuevo al Congreso, que podría levantar el veto.
Las razones que alega el PP
La propuesta de veto planteada por el PP se sustenta en “ausencia de correcta técnica normativa” y “planificación y orden…generando no solo confusión sino caos”, esto según consta en el informe de la ponencia.
También argumentan que “el Parlamento no puede asistir impávido ante todo tipo de tácticas y estratagemas que perjudican a aquellos a los que representa”.
Asimismo, agregan, que “el momento en el que coincide en su tramitación con otras reformas sobre las mismas leyes pueden provocar la aprobación casi simultánea de los mismos preceptos con distinto texto”.
En otras palabras, recomienda que se trabaje de forma separada e independiente en cada uno de los textos legislativos que se pretende modificar.
Lamentablemente, el alivio, la alegría de muchos ciudadanos por la modificación a la Ley que permitiría el desalojo de los okupas en tan solo unos días, ha durado poco. La pregunta es ¿Continuará la reforma?