Un desalojo puede llegar a ser un proceso tardado y laborioso en situaciones usuales como las de un desahucio a un okupa, a una persona vulnerable o un impago de inquilinos.
Pero al encontrarse menores de edad en una propiedad que está pronta a ser desahuciada, se toman más medidas para asegurar el bienestar del menor antes del desalojo.
En España existe una regulación llamada Convenio sobre los Derechos del Niño que busca proteger y respaldar la seguridad del menor sobre cualquier cosa o persona que perjudique su bienestar mediante una serie de derechos.
Este convenio internacional específicamente el artículo 2 expresa claramente que prevalecerá el “interés superior del menor” incluyendo en esta medida asuntos como el de un desahucio.
Es obligación de la Ley Española brindar ayudas cuando sea necesario y el menor lo necesite.
¿Pero acaso eso significa que en caso de que un menor resida en la vivienda el desahucio es cancelado?
No, la ley debe proveer opciones y ayudas al menor si es necesario pero no quiere decir que se cancela el desahucio indefinidamente.
De ninguna manera se puede dar por sentado un proceso de irrupción, impagos y usurpación a una propiedad por el hecho que estén menores de edad residiendo en ella.
En todo caso es responsabilidad del estado ofrecer o buscar una ayuda social si se cree pertinente a los posibles vulnerables que sean okupantes de la vivienda.
Así como velar por la seguridad de los menores en casos de desahucio siempre buscando que no resulten perjudicados por este tipo de situaciones.
¿Cómo funciona un desalojo de okupas con menores de edad?
Se comienza con una denuncia donde el propietario o arrendatario legítimo de la vivienda debe presentar una denuncia ante las autoridades policiales.
Este debe informar que el inmueble ha sido okupado ilegalmente o que se solicita el desalojo de un inquilino por impagos u otra razón y que también hay menores residiendo en la vivienda.
En casos de desahucio a inquilinos y desahucios a okupas ambos presentan una demanda donde ocurren dos escenarios:
- Es obligación del juzgado informar a los servicios sociales de que ocurre una demanda de desahucio a una persona acompañada de un menor, y es trabajo de los servicios sociales verificar esa información y notificar si efectivamente el o los demandados están en una posición de vulnerabilidad económica y social.
- Se le informa a el o los demandados acerca de la visita de los servicios sociales y de que pueden acudir a ellos en caso de que la situación requiera de su ayuda ya que son los únicos que pueden afirmar si una familia o persona es vulnerable o no.
Después se procede a realizar una investigación, aquí tanto las autoridades policiales como los servicios sociales investigarán la situación para verificar si se trata de una okupación ilegal y si hay menores en riesgo.
Si se confirma la okupación ilegal y se determina que los menores están en situación vulnerable, se procede a suspender el proceso de desahucio por 1 mes.
Solo en casos extraordinarios la suspensión será por 2 meses y si el demandante es una persona jurídica (empresa o banco) la suspensión pasa a ser por 3 meses.
Se tomarán medidas de protección a menores, en esta parte del proceso corresponde la intervención de los servicios sociales donde deberán presentar las ayudas pertinentes al menor y sus representantes, siendo un proceso aparte del desahucio.
Se celebrará una audiencia judicial donde ambas partes podrán presentar sus argumentos y el juez evaluará la evidencia y tomará una decisión basada en la ley y los derechos de los menores.
El desalojo procederá solamente si el juez dicta una sentencia favorable al propietario o arrendatario, se emitirá una orden de desalojo que debe ser ejecutada por las autoridades pertinentes.
En algunos casos, se puede solicitar la asistencia policial para garantizar el cumplimiento de la orden.
Solo en casos con menores
Existen ocasiones cuando está involucrado un menor donde por petición del inquilino u okupante se puede solicitar al juez una extensión del desahucio si el curso escolar está próximo a finalizarse y en ese caso sería decisión del juez si permite la extensión por algunos días más.
Es importante destacar que este proceso puede variar dependiendo de la jurisdicción y las circunstancias específicas de cada caso.
Además, es recomendable buscar asesoramiento legal para obtener información precisa sobre los procedimientos legales en España.
En muchas ocasiones un proceso de desalojo de okupas con menores de edad involucrados puede ser un poco más complejo debido a la protección especial que se otorga a los niños en el ámbito legal.
Es por eso que se le da énfasis al hecho de asesorarse con expertos especializados en este tipo de casos que sepan exactamente cómo abordar los procesos de la manera más eficaz y corta posible.