El terror de cualquier propietario en España -y Baleares, no es la excepción- es que su inmueble sea okupado, porque todos saben que cuando esto ocurre el propietario enfrenta un proceso judicial largo y costoso para lograr echar al okupa de su casa.
De acuerdo a las estadísticas elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un propietario en España debe esperar hasta 24 meses por una sentencia que le permita desalojar a los okupas, este periodo incluye los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y los de las Audiencias Provinciales, en caso de recurso.
Hay que recordar que este proceso legal se puede ver afectado por diversos factores, como el tipo de propiedad okupada y las circunstancias particulares del caso.
Por ejemplo, si el okupa alega vulnerabilidad, y la comunidad autónoma en la que se denuncie tiene procesos distintos esto puede incidir en la agilidad de los procesos. Otro factor determinante es la saturación del sistema judicial.
Pero ¿Cuánto tiempo lleva desalojar a un okupa de una vivienda en Baleares?
Según datos del CGPJ, en las Islas Baleares la duración media de los procesos verbales por okupación ilegal de viviendas durante el 2023 fue de 12,6 meses, y para resolver las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales -en cuanto a procedimientos civiles- el tiempo medio fue de 9,4 meses.
Al sumar estos periodos, se estima que el desahucio en Baleares, el plazo medio para la resolución de estos procesos sería de hasta 22 meses. de
Tiempo durante el cual, en muchos casos, el propietario se ve obligado a seguir pagando todos los gastos relacionados con su propiedad mientras el okupa habita la vivienda.
Impacto de las okupaciones en los propietarios y en las comunidades
La okupación afecta a los propietarios porque ven cómo sus derechos son vulnerados, pero también a las comunidades de vecinos que se ven obligados a lidiar con situaciones donde ven amenazada su seguridad, y aunado a esto ven cómo se deteriora su entorno.
En Baleares la situación se agrava por la alta demanda de vivienda y los altos costos en el mercado inmobiliario, lo que hace a la okupación ilegal un problema más crítico.
Aunque en los últimos meses hubo intentos por agilizar los procesos judiciales referidos a la okupación ilegal de viviendas, el 2024 se cerró con la noticia de que en Consejo de Ministros se prorrogó el Real Decreto 11/2020, que fue implementado durante la pandemia, este decreto en cuanto a la okupación impide desalojar a personas que logren comprobar su estado de vulnerabilidad.
Considerando que esta medida estará vigente durante todo el 2025, la solución al problema de la okupación, parece estar lejos de llegar pues los okupas no podrán ser desahuciados en Baleares, aunque no paguen su alquiler ni siquiera con una sentencia judicial en firme.
Lo anterior evidencia que en España los derechos de los okupas siguen prevaleciendo sobre los derechos de los propietarios.