Los okupas no dan tregua, al punto de que estos “usurpadores” de viviendas tienen el descaro de querer hacer valer sus derechos sobre la vivienda que han okupado; aunque muy atípicos, estos casos existen.
Un okupa llama a la policía porque le “reokuparon” la casa
En Tudela, Navarra, la Policía Local recibió una llamada de alguien que denunciaba que su casa había sido invadida por un grupo de personas.
Los agentes después de identificar a quien llamó pudieron confirmar que, efectivamente, había cuatro personas en el domicilio.
Pero al hacerlo también se dieron cuenta que el demandante había okupado la casa con anterioridad, sin embargo, se ausentó de la vivienda porque pasó una noche en calabozo, situación que fue aprovechada por los nuevos usurpadores para instalarse en el inmueble.
En este caso la Policía tuvo que mediar entre los okupas para calmar la situación, finalmente fue el primer okupa (él que denunció) quien se quedó en la vivienda donde ocurrieron los hechos.
¿Qué dice la Ley al respecto?
Aunque parece una locura, lo cierto es que la ley protege a los okupas garantizándoles el derecho a la inviolabilidad del domicilio sin importar que hayan okupado la vivienda; esto implica que nadie (ni siquiera el propietario) puede entrar en la propiedad okupada sin su consentimiento o sin una orden judicial.
Ahora bien, si el inmueble okupado es la vivienda habitual del propietario se considera allanamiento de morada, por tanto, el dueño tiene derecho a exigir el desalojo en las 48 horas siguientes a la okupación.
Sin embargo, en ningún caso puede cortar el suministro de luz, agua o gas sin una orden judicial porque sería considerado un delito de coacción.
Los okupas también tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, es decir, pueden solicitar un abogado de oficio para que los defienda en el proceso judicial de desalojo o en cualquier otro proceso penal o civil que pueda afectarlos.
Como puedes ver, el apoyo a los okupas incluso quienes denuncian es evidente.
Mientras tanto, en Madrid: un okupa denuncia a la propietaria del inmueble que usurpó
En la ciudad madrileña de Alcobendas, Itziar le alquiló su piso a una familia, pero en el 2022 dejaron de pagar y pasaron a ser inquiokupas con una deuda de 20.000 euros de acuerdo a la información de la propietaria.
Ahora bien, a la dueña le ha tocado seguir pagando la comunidad, los seguros y el Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI), con estos gastos y sin recibir ingresos por su propiedad Itziar se ha arruinado; así que ya no puede mantenerse a sí misma ni a sus tres hijos menores de edad.
Como Itziar no puede disponer de su casa, tuvo que mudarse otra vez con sus padres jubilados después de separarse de su pareja.
Ella afirma que sufre de depresión y de problemas para dormir.
Los inquiokupas la denunciaron porque se sienten acosados
Después de dos meses buscando una solución al problema, los inquiokupas denuncian a la propietaria de la vivienda por acoso y prejuicios, alegan que se sienten amenazados e inseguros con sus hijos, quienes también son menores de edad.
Incluso han pedido que se abra una investigación “por difamación y por grabarme a mí y a mi familia, además de intentar presionarnos con la publicación de contenidos digitales”.
Se justifican diciendo que el conflicto que tienen está ante el juzgado y que ambas partes deben respetar a la justicia española.
¿Y quién defiende a la propietaria de la vivienda?
Itziar está desesperada porque no tiene cómo hacer frente a esta denuncia: “necesito un abogado, y no tengo dinero, solo deudas”.
Esa es la situación que le toca vivir hoy después de dos años de impagos de esta familia de quien comprobó la solvencia antes de alquilarles su piso.
Pero después de poner su caso en manos de la Justicia los inquilinos alegaron vulnerabilidad, y ahora a Itziar le toca demostrar que ella es la vulnerable después de haber gastado todos sus ahorros.