A pesar de los años y de las cifras, el fenómeno okupa sigue siendo una preocupación para los ciudadanos españoles, una amenaza latente que puede afectar a cualquiera.
Hasta en el Diccionario de la Real Academia Española aparece el término okupa, el cual lo define como “un movimiento radical que propugna la ocupación de viviendas y locales deshabitados”.
Okupa. Acort. de ocupante, con k, letra que refleja la voluntad de transgredir las normas ortográficas.
Pero más allá de la gramática, ¿Cuáles son las penas a las que se enfrentan los okupas? ¿Cómo se ve este fenómeno desde el punto de vista jurídico? Desde esta mirada puede abordarse desde la jurisdicción civil o penal.
El Código Penal, artículo 245, con la denominación del delito de usurpación, establece que꞉
A quien con violencia o intimidación ocupe un inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, tendrá la pena de prisión de 1 a 2 años que se fijará considerando la utilidad obtenida y el daño causado; además las penas que dieran a lugar por la violencia ejercida.
El que ocupe, sin la debida autorización, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada, o se mantenga en él contra la voluntad del propietario será castigado con una multa de 3 a 6 meses.
Pero, cuando se trata de morada o lugar de residencia, se habla de allanamiento y el okupa puede ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años, y si se comprueba violencia o intimidación, la pena estaría entre 1 y 4 años de prisión más una multa de seis a doce meses.
Apartado especial merece el artículo 255 del Código Penal, pues establece pena de multa de 3 a 12 meses a quien cometa defraudación utilizando energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones, valiéndose para ello de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
Por tanto, si el okupa realiza algún tipo de «enganche» o «pinchazo» de alguno de estos suministros, estas actuaciones están específicamente penadas.
Otro artículo del Código Penal que merece la atención cuando hablamos de okupas es el 263, en él se establece castigo con multa de 6 a 24 meses a quien cause daños en propiedad ajena que no estén contemplados en otros títulos de este Código. En este caso, se considera la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.
A lo largo de los últimos años las penas a okupas se han endurecido, aunque para muchos no ha sido suficiente, debido al incremento de la okupación y a la alarma social generada por este fenómeno social que se transformó rápidamente en delito.
Un nuevo intento del Partido Nacional Vasco (PNV) para endurecer los castigos por el delito de okupación
El Partido Nacional Vasco ha presentado una serie de enmiendas en el Congreso que buscan endurecer las penas contra la okupación ilegal de inmuebles, es decir penas a okupas, y agilizar los procesos de desalojo, para ello quiere la modificación del Código penal y la Ley de enjuiciamiento criminal.
El PNV ha registrado dos enmiendas claves, la primera, para cambiar el artículo 245 del Código Penal.
Actualmente en este artículo se contemplan penas de 3 a 6 meses de multa a quienes ocupen inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada, la propuesta es elevar estas penas de 6 meses a un 1 de prisión.
También se incluyen sanciones más severas si la okupación ilegal dura más de 15 días, hay daños a puertas, forjamiento de cerraduras y, uso de llaves falsas.
La segunda enmienda se centra en la Ley de enjuiciamiento criminal, proponen que se fije un plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar presentada por el propietario para que los juzgados ordenen el desalojo.
El grupo parlamentario del PNV aprovechó el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia de Servicio Público de Justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, que se tramita en la Cámara Baja para proponer las mencionadas enmiendas.
Pero como no podían hacerlo solos, para salir airosos con esta propuesta necesitan contar con el apoyo de otros partidos, ya que socios del Gobierno como ERC, Bildu y Podemos se oponen a este tipo de iniciativas.